La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión para científicos vinculados con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 31 personajes fueron señalados por delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El periodista Ricardo Balderas, para el portal poderlatam.org, ha realizado la investigación de las mafias de la academia poniendo a disposición de las y los interesados información como la relación de la investigación académica con los intereses de Grupo México y de muchas empresas.
Las y los investigadores, que ahora se dicen perseguidas y perseguidos, se asignaron salarios de 100 mil pesos al mes y se gastaron del erario más de 50 millones de pesos en viáticos por turismo académico.
Mientras participaban en investigaciones para la industria, como la promoción del uso de transgénicos o la generación de nuevos productos para que las empresas involucradas los comercializaran a nivel masivo –según las investigaciones de Balderas- los “selectos” investigadores compraron una casa en Coyoacán de varios millones de pesos.
31 personajes de este perfil son los indicados en el conflicto legal, cuyos nombres, por debido proceso no han sido revelados aunque las filtraciones involucran, por ejemplo, al hermano de la lectora de noticias Adela Micha.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, lanzó de inmediato una alarma para mostrar su apoyo a lo que calificó como falso, infundado y ofensivo. Lo mismo hicieron las autoridades de otras universidades.
La marea mediática corporativa, las granjas de bots en redes sociales y muchos investigadores e investigadoras, se ocuparon de inmediato de sembrar la narrativa de persecución ideológica y ataque directo a la ciencia. La sociedad mexicana, sin capacidad de análisis, desconocedora del ambiente académico y adicta a la reacción visceral, hizo eco de la narrativa.
Lo que muchos quisieron ignorar, o verdaderamente desconocen, es que es un asunto legal. El dinero del erario público está sujeto a fiscalización. Desconocen que, aunque se crean iluminados, los investigadores y las investigadoras no son ninguna clase de funcionario de lujo.
El Rector de la UNAM fue mal asesorado y su pronunciamiento producto del desconocimiento, o buscando cubrir algo que no ignoraba, pues algunos de los presupuestos del CONACYT destinados a la investigación, antes de llegar a las manos de las y los investigadores pasan por las arcas universitarias, públicas y privadas.
Las empresas, nacionales y transnacionales, jugaron con la anuencia de los investigadores para atraer recursos del CONACYT y realizar investigaciones “a modo”. Incluso algunos investigadores e investigadoras crearon asociaciones civiles para obtener recursos del CONACYT que operaban como empresas de consultoría, desarrollo de productos, investigación de materiales, entre otras.
El turismo académico no es una frase dicha a la ligera. Algunos investigadores e investigadoras han hecho de la obtención de becas y recursos un modo de vida organizada en función del “paseo intelectual”, una élite mínima favorecida frente a miles de investigadores e investigadoras en condiciones precarias.
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